Entre las iniciativas se destaca la que aprobó el Senado el 2 de octubre último y que completa el proceso de transferencia de las funciones de seguridad desde la Nación a la Ciudad iniciado en 2016, al tiempo que baja los recursos que recibe el distrito en concepto de coparticipación luego de la reducción de un punto que había dispuesto el Presidente para asistir la protesta policial en septiembre pasado.

El proyecto fija para este año un monto de 24.500 millones de pesos para que la Ciudad asuma las funciones de seguridad traspasadas en 2016, con lo que la coparticipación del distrito volvería a ser de 1,4% -como antes de la gestión del expresidente Mauricio Macri-.

En el temario de la sesión, también se incluyeron otras tres iniciativas. Una de ellas establece el acceso y navegación gratuita por servicios de internet a través de dispositivos móviles, a las plataformas educativas estatales con fines pedagógicos del sistema educativo nacional, en todos sus niveles y modalidades.

Otro proyecto es el de desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina; y el restante es el que habilita la promoción del uso de cisternas de doble descarga en instalaciones sanitarias públicas y privadas.

Según fuentes parlamentarias, antes de la sesión se realizará una reunión de Labor Parlamentaria -a las 12- para decidir la dinámica de la misma, y en la que seguramente se propondrá llevar adelante un homenaje a Diego Maradona.

En tanto, en el Senado tiene previsto darle media sanción al proyecto de ley de "fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda", enviado por el Ejecutivo, que debía debatirse el jueves pasado pero fue pospuesto por el fallecimiento del Diez.

La iniciativa busca que las negociaciones en materia de deuda pública con cualquier tipo de financiación internacional deban contar con aval parlamentario.

El texto establece en su artículo primero que "la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio".

Toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho "porcentaje requerirá de una ley especial del Honorable Congreso de la Nación que la autorice expresamente".

En su segundo artículo dispone que "todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley" del Congreso "que lo apruebe expresamente".

Durante el tratamiento en el Senado, el Frente de Todos incluyó un nuevo artículo que apunta a que el endeudamiento en moneda extranjera no pueda usarse para gastos corrientes.

"Estamos proponiendo que los gobiernos no se puedan endeudar bajo legislación y en moneda extranjera para gastos corrientes, sino únicamente para bienes de capital e inversión productiva que es lo que hace realmente al crecimiento del país", explicó la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, quien indicó que el nuevo artículo 3 de la iniciativa modifica el artículo 56 de la ley de Administración Financiera.

Arranca el debate por el aborto legal

El martes será el turno de uno de los debates más esperados del año. Diputados comenzará una semana de reuniones informativas con la exposición de unos 50 referentes -25 a favor y 25 en contra- del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, tras lo cual buscará emitir dictamen de la iniciativa el viernes 4 de diciembre.

La intención de los diputados del Frente de Todos, según informaron fuentes parlamentarias, es aprobar en la segunda semana de diciembre el proyecto -que legaliza el aborto hasta la semana 14- en la Cámara baja y enviarlo luego al Senado para tener sancionada la ley antes de fin de año, ya en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso.

Las fuentes anticiparon que el Poder Ejecutivo realizaría la convocatoria a extraordinarias en los próximos días, donde podría incluir además otras iniciativas claves para el gobierno nacional como la reforma al Ministerio Público.

Junto con el proyecto de legalización el aborto se debatirá, en una sesión especial virtual, que se realizaría entre el 8 y el 10 de diciembre, el Plan de los 1000 días de ayuda a las mujeres embarazadas que abarcará hasta los primeros años de la infancia, que también tendrá dictamen en la próxima semana.

El martes a la mañana participarán de la reunión informativa los ministros de Salud, Gines González García; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.

El proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que envió el Presidente al Congreso establece que "las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar" tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.

Además, habilita la "objeción de conciencia" por parte de profesionales de la salud que no quieran llevar a cabo la práctica, aunque no será admitida a nivel institucional.

En la propuesta del Poder Ejecutivo se aclara que, fuera de ese plazo de 14 semanas, la persona gestante mantendrá "el derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo" si "fuere resultado de una violación", cuando se trate de niñas menores de 13 años o si estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona.

El aborto legal tendría ventajas en la Cámara baja y por el momento, un resultado muy ajustado en el Senado, aunque falta ver cómo se comportarán los indecisos que aún no han definido o manifestado públicamente su voto.

En Diputados, hay 121 diputados a favor, 106 legisladores en contra y 27 indefinidos. Además, de la diputada schiarettista, Alejandra Vigo, que se abstuvo en la elección de 2018 y aún no se sabe si mantendrá su postura.

Nueva fórmula de movilidad jubilatoria

El proyecto de ley que modifica el índice de movilidad jubilatoria comenzará a ser debatido la semana próxima en comisiones y llegaría al recinto virtual de la Cámara alta en la segunda semana de diciembre, para lograr su sanción antes de fin de año, estimaron hoy fuentes parlamentarias.

El Ejecutivo envió anoche el proyecto que modifica el índice de movilidad jubilatoria, elaborado en base al trabajo de una comisión mixta, y que comenzará a utilizarse desde 2021, cuando venza el actual período de emergencia en la materia.

La iniciativa, cuyo contenido fue anticipado hace 20 días por el Gobierno, contempla un aumento semestral mediante una fórmula que combina los índices de evolución de los salarios (50%) y de la recaudación (50%), vigente en el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015).

En marzo de 2021 debía otorgarse el próximo aumento trimestral. Pero el proyecto de ley establece que “la primera actualización sobre la base de la movilidad dispuesta en el artículo 1° de la presente se hará efectiva a partir del 1° de marzo de 2021”.

Como hay una superposición de períodos, el proyecto de ley establece que el aumento trimestral ya otorgado en el mes de diciembre 2020, sea considerado dentro del cálculo semestral que se realizará para el mes de marzo 2021.

Puntualmente, el artículo 6 sostiene que “el coeficiente por movilidad previsto en el artículo 1° de la presente ley que se determine para el mes de marzo de 2021, estará dado por el resultante diferencial entre el porcentual que arroje la aplicación de la fórmula que se aprueba para el incremento y el correspondiente a diciembre de 2020 que dispuso el Poder Ejecutivo Nacional, de conformidad con el artículo 55 de la Ley N°27.541”.

Fuentes oficiales, remarcaron que “a diferencia de lo ocurrido en la falta de empalme entre diciembre 2017 y marzo 2018, en esta oportunidad, el Gobierno nacional decidió realizar en el mes de diciembre un adelanto del aumento que debiera hacerse recién en el mes de marzo 2021”.